La Ley 3/2020 modificada posteriormente por la Ley 5/2020, estableció la suspensión general de los plazos procesales y para la tramitación de toda clase de procedimientos y expedientes administrativos.

La Ley 7/2020 introduce las reglas aplicables al cómputo de los plazos que se declararon suspendidos, adopta nuevas medidas en materia concursal y de sociedades mercantiles y precisa la redacción de ciertas disposiciones contenidas en la Ley 5/2020 con la finalidad de evitar dudas de interpretación. Seguidamente anunciamos los extremos más relevantes de la Ley 7/2020.

1- Reglas aplicables a la suspensión de los plazos procesales

Por regla general, se prevé que el cómputo de los plazos procesales empiece a computar íntegramente a partir del día siguiente en que Gobierno declare, por decreto, el fin de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2.

Se prevén ciertas reglas específicas en relación al cómputo, estableciendo diferencias en función de si el plazo en cuestión se establece en días, naturales o hábiles, de fecha a fecha, por meses o por años.

2- Medidas en el ámbito concursal y societario

Se establecen nuevas medidas en el ámbito concursal y societario con el fin de atenuar temporalmente y excepcional, las consecuencias que tiene la aplicación de las normas generales en materia de suspensión de pagos y de disolución de sociedades mercantiles.

De entre las nuevas medidas en materia de suspensión de pagos y quiebras, se prevé que hasta el 31 de diciembre de 2020, aquellos comerciantes que sean personas físicas o jurídicas que se encuentren en una situación de suspensión de pagos, no tienen la obligación de solicitar al órgano judicial la declaración de suspensión de pagos, sin que se pueda exigir ningún tipo de responsabilidad por no haberlo hecho.

Asimismo, con el fin de evitar una situación en la que una sociedad mercantil se debería disolver debido a las pérdidas sufridas durante la crisis sanitaria, se prevé excepcionalmente que las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada no deben tomar en consideración las pérdidas del ejercicio 2.020.

Hay que tener presente que, la suspensión de la causa de disolución referida no opera respecto al resultado del ejercicio 2021 y a los posteriores ejercicios, en los que los administradores estarán obligados a convocar una junta general extraordinaria a los efectos que se adopte la declaración de disolución de la sociedad en caso de que se evidencien pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, o bien a adoptar las medidas adecuadas para evitar la disolución.

Otra medida relevante, es que hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas generales de socios y los consejos de administración de las sociedades, podrán adoptar acuerdos por escrito y sin sesión, aunque no se prevea en sus estatutos, pudiendo emitir los votos por correo ordinario o mediante cualquier medio de telecomunicación electrónica que garantice la identidad del socio o del consejero así como la integridad del sentido de su voto.

3- Modificación de la Ley 5/2020, del 18 de abril, de nuevas medidas excepcionales y urgentes por la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia del SARS-CoV-2

Mediante la Ley 7/2020 se ha precisado el redactado de ciertas disposiciones de la Ley 5/2020, para evitar dudas interpretativas, y ampliar algunas de les medidas que se preveían.

Es necesario destacar:

  • Se amplían los destinatarios del permiso retribuido por ausencia laboral para hacerse cargo de hijos, haciéndolo extensivo a las personas que realizan trabajo por cuenta propia y que se acojan a las bases de cotización del 125% y del 137,6%, así como para las personas que han iniciado una actividad por cuenta propia entre el 1 y el 13 de marzo del 2020, y también para las personas menores de 35 años que cumplen determinados requisitos establecidos reglamentariamente.

  • Se prevé la retroactividad de la percepción de la prestación mencionada y la reducción o la suspensión temporal de la cotización hasta el mes de abril del 2020.

  • La Ley 7/2020 modifica la disposición de la Ley 5/2020, relativa a la reducción de la renta de los locales para negocio y la reducción del plazo de preaviso y de la indemnización por renunciar al contrato de arrendamiento de local para negocio.

Así, se clarifica que los arrendatarios de locales de negocio en los que se ha suspendido voluntariamente su actividad, podrán solicitar la reducción de la renta del local, en los porcentajes que la Ley establece.

Igualmente, durante el plazo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, la parte arrendataria podrá renunciar unilateralmente al contrato de arrendamiento de un local para negocio antes de que transcurra el plazo pactado mediante un preaviso de un mes como mínimo y sin tener que satisfacer la indemnización prevista en la Ley de arrendamientos de fincas urbanas.

4- Ratificación de las medidas adoptadas por Gobierno

Se establece la ratificación de todas las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno mediante los decretos aprobados a partir del 30 de abril de 2020 aunque deberán tenerse en cuenta las modificaciones previstas en la Ley 7/2020.

La Ley 7/2020 entró en vigor el día 5 de junio de 2020.

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