En su edición del 22 de abril de 2020, el Diari d’Andorra publica un artículo de opinión de nuestra abogada y socia del despacho Laura VILAMAJÓ referente a la especial diligencia que deben tener los administradores de sociedades y los empresarios en estos momentos de crisis económica derivada del COVID-19, aconsejándolos en este sentido.

Pueden acceder directamente al artículo del Diari d’Andorra aquí.

Reproducimos a continuación el contenido del artículo traducido al castellano:


La Ley Ómnibus y la recientemente aprobada Ley 5/2020 de nuevas medidas excepcionales y urgentes para la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia del SARS-CoV-2 contienen grandes ayudas para sociedades y empresas, que seguro paliaran en buena medida los efectos de esta parada obligada de la economía y de su previsible lenta y dura recuperación.

Sabemos lo que cuesta sacar adelante un negocio, grande y pequeño, conocemos lo que se paga en según qué zonas de Andorra por el alquiler de un local, y por eso empresas y sociedades, cuya situación ya era complicada, pueden verse en graves dificultades económicas para hacer frente a sus obligaciones, ahora que están bien seguramente facturando cero, y previendo una reactivación económica larga y costosa.

Es en estos momentos que, tanto empresarios como administradores de sociedades, deben ser muy cuidadosos.

En efecto, el artículo 49 de la Ley 20/2007, del 18 de octubre, de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada impone a los administradores un deber de cuidado y diligencia en informarse de la situación de la sociedad, participar activamente en su administración e investigar cualquier irregularidad de gestión, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad y tener que indemnizar a la sociedad por los daños y perjuicios causados ​​(artículo 50 de la Ley). Se prevé también una acción directa de los socios y, incluso los acreedores de la sociedad, contra los administradores, por los daños que les hayan ocasionado sus actos u omisiones (Artículo 52 de la Ley).

Asimismo, el Decreto en relación al cese de pagos y quiebras del 4 de octubre de 1969, obliga a los empresarios o administradores de sociedades, que cesen de una manera general en sus pagos, a solicitar, dentro de los ocho días siguientes, la declaración de apertura de un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra ante el Tribunal de Batlles. Los artículos 69 y 70 del Decreto recogen la declaración personal de quiebra de los dirigentes de la sociedad que hayan incurrido en determinadas irregularidades, entre las cuales, actos de imprudencia inexcusable o infracciones graves de las reglas o usos de comercio, como puede ser la continuación abusiva de una explotación deficitaria, que no pueda conducir el negocio a otra situación que la de cesación de pagos.

En las medidas excepcionales y urgentes aprobadas no se establece ningún precepto que mitigue, suspenda o elimine los deberes y responsabilidades de los administradores mencionados.

Todo lo anterior supone que, cuando la sociedad está en una situación económica complicada, y que no se prevé reconducir, los administradores deben ser suficientemente diligentes para tomar las medidas oportunas, y deben ser también diligentes a la hora de decidir presentar una solicitud de suspensión de pagos o quiebra, porque de lo contrario pueden, muy fácilmente, verse obligados a responder personalmente, con su propio patrimonio, de las deudas de la sociedad. A la luz de las medidas de Gobierno, es cierto que se está haciendo lo necesario para evitar que se llegue a tener que declarar en suspensión de pagos muchas empresas y sociedades, pero, desgraciadamente, seguro nos encontraremos con empresas, tiendas, bares, restaurantes, hoteles, etc., que les costará recuperarse, o que ya antes del cierre de las actividades debido al Covid-19 pasaban por dificultades y su situación se habrá visto gravemente agravada.

Estos negocios, que presumiblemente, y a pesar de las amplias ayudas previstas por el Gobierno, deberán hacer cierre, se verán obligados a rescindir sus contratos de arrendamiento de local, y la reducción del plazo de preaviso a un mes como mínimo, contemplada en el artículo 37 de la recientemente aprobada Ley de nuevas medidas excepcionales y urgentes para la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia del SARS-CoV-2, no les será suficiente en tanto que no se ha eximido de la otra obligación en caso de resolución anticipada del contrato y que es la obligación de indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de renta por cada año que quede por cumplir, que se recoge en el artículo 56 de la vigente Ley de Arrendamientos de fincas urbanas.

En efecto, a pesar de la Ley 5/2020 acorta el plazo de preaviso que deberán dar los arrendatarios, no los exime de la obligación de indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de renta por año que quede por cumplir del contrato, y esta obligación puede llegar a suponer un importe bastante importante que deberán satisfacer.

En estas condiciones, la suspensión de pagos parece un camino menos gravoso, y que no forzosamente implica un cierre del negocio o una quiebra, sino que puede verter en un arreglo judicial y puede salvar la situación de la sociedad o negocio y el patrimonio de sus administradores.

Laura VILAMAJÓ
Socia – RAMÉNTOL PUJOL

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Cordialmente.